Liberalismo

julio

20110510-URUGUAY-LEY DE CADUCIDAD-"Hay actitud revanchista o de frustración política"

Escrito por rigofa2011 11-05-2011 en General. Comentarios (0)
EL PAIS
Fecha: 2011-05-10

"Hay actitud revanchista o de frustraciónpolítica"
Julio M.Sanguinetti

El ex presidente colorado consideró que los mecanismos jurídicos que elgobierno y el Frente Amplio están buscando para anular o derogar la ley deCaducidad, son "vericuetos para torcer la voluntad ciudadana" queprovocarán "grietas en el sistema institucional". Sanguinetti criticóademás la tesis del jurista Martín Risso y afirmó que "no hay que inventarnada" sino "respetar algo que ya está decidido".

-¿Qué lectura hace de la nueva propuesta del gobierno para eliminar los efectosde la ley de Caducidad?

-Más allá de lo político, entiendo que luego de dos pronunciamientos de laciudadanía, claros e inequívocos, que constituyen la máxima autoridad en elsistema institucional, no se puede tocar más una ley que ha alcanzado la máximalegitimación que puede tener. Todos estos vericuetos que se hacen para torcerla voluntad ciudadana, son grietas en el sistema institucional. Entiendo,además, que todas estas nuevas formulaciones que se están intentando son tantoo más inconstitucionales que la proyectada anulación (de la ley de Caducidad).Por ejemplo, con todo respeto al doctor Martín Risso, no puedo creer que seentienda que por decreto se pueda resolver lo que no se puede resolver por ley.Los decretos que se dictaron en el procedimiento previsto por la ley deCaducidad, forman parte de un mecanismo judicial que termina con una clausuradispuesta por el Juzgado en aplicación de la amnistía. De modo que hay una cosajuzgada, completamente definitiva. Imaginar que los decretos pueden serimpugnados en cualquier momento y que incluso retrotrae todo al principio, esun absurdo jurídico. Ya hay una cosa juzgada decretada por el juez.

-¿A qué atribuye que el Frente Amplio haya decidido promover la anulación de laley de Caducidad después de los dos pronunciamientos a favor de la norma?

-Al Frente Amplio le ocurre lo mismo que le ha pasado a muchos partidos de lavieja izquierda latinoamericana. Cuando llegan al gobierno tienen que renegarde todo lo que han sostenido a lo largo de su existencia. La democracia liberalya no es una democracia burguesa; los derechos humanos ya no son libertadesformales, sino derecho humanos a defender; el Fondo Monetario Internacional yano es una entidad maligna a odiar sino alguien con el que hay que pactar; elequilibrio fiscal ya no es el resultado del consenso de Washington sino algonormal; y la economía de mercado no es la economía salvaje sino elprocedimiento normal de las economías que se han desarrollado. Y suma y sigue.Dentro de ese contexto, el que tiene que asumir todo un discurso distinto se refugia,se abroquela, en algunos temas de la política internacional, o en estasituación de reclamo envuelta en el rótulo de derechos humanos, cuando essimplemente una actitud revanchista en algunos o de frustración política enotros. Como han tenido que modificar toda su estructura de pensamiento, serefugian en estos escenarios parciales donde no está en juego el equilibrioeconómico y el equilibrio social.

-¿Qué efecto prácticos tendría la anulación o derogación de la ley deCaducidad?

-El efecto práctico sería nulo, porque esto generaría, cuando se muevan esosexpedientes, una acción de inconstitucionalidad, que no dudo será resueltafavorablemente por la Suprema Corte de Justicia.

-¿Y los efectos políticos?

-El efecto político es el de seguir manteniendo un tema laudado por laciudadanía y que se sigue anteponiendo a todos los que el país tiene pordelante. Seguimos anclados en el debate en un tema de hace cuarenta años,cuando el mundo corre a una enorme velocidad y nos está desafiando con la resoluciónde temas para los cuales no encontramos rumbo.

-Cuando el Presidente Mujica se reunió con la bancada de diputados del FrenteAmplio les advirtió de las consecuencias electorales que la anulación de la leyde Caducidad, desconociendo las dos consultas populares, podría tener para lacoalición de izquierda. Incluso les dijo que está en juego la continuidad en elgobierno. ¿Usted cree que el FA va a pagar un costo electoral por este tema?

-Eso lo veremos. Lo que no hay duda es que esto le está haciendo un enorme dañoal Frente Amplio como partido de gobierno, porque representa una negaciónrotunda de lo que ha sostenido toda su vida.

-¿Qué salida le ve usted a este asunto?

-La salida es simplemente no insistir en la ley (de anulación de la Caducidad) yseguir actuando como hasta ahora. No hay que inventar más nada. Hay querespetar algo que ya está decidido.

20110510-URUGUAY-LEY DE CADUCIDAD-"Hay actitud revanchista o de frustración política"

Escrito por rigofa2011 11-05-2011 en General. Comentarios (0)

EL PAIS
Fecha:
2011-05-10

"Hay actitud revanchista o de frustraciónpolítica"

Julio M.Sanguinetti

El ex presidente colorado consideró que los mecanismos jurídicos que elgobierno y el Frente Amplio están buscando para anular o derogar la ley deCaducidad, son "vericuetos para torcer la voluntad ciudadana" queprovocarán "grietas en el sistema institucional". Sanguinetti criticóademás la tesis del jurista Martín Risso y afirmó que "no hay que inventarnada" sino "respetar algo que ya está decidido".

-¿Qué lectura hace de la nueva propuesta del gobierno para eliminar los efectosde la ley de Caducidad?

-Más allá de lo político, entiendo que luego de dos pronunciamientos de laciudadanía, claros e inequívocos, que constituyen la máxima autoridad en elsistema institucional, no se puede tocar más una ley que ha alcanzado la máximalegitimación que puede tener. Todos estos vericuetos que se hacen para torcerla voluntad ciudadana, son grietas en el sistema institucional. Entiendo,además, que todas estas nuevas formulaciones que se están intentando son tantoo más inconstitucionales que la proyectada anulación (de la ley de Caducidad).Por ejemplo, con todo respeto al doctor Martín Risso, no puedo creer que seentienda que por decreto se pueda resolver lo que no se puede resolver por ley.Los decretos que se dictaron en el procedimiento previsto por la ley deCaducidad, forman parte de un mecanismo judicial que termina con una clausuradispuesta por el Juzgado en aplicación de la amnistía. De modo que hay una cosajuzgada, completamente definitiva. Imaginar que los decretos pueden serimpugnados en cualquier momento y que incluso retrotrae todo al principio, esun absurdo jurídico. Ya hay una cosa juzgada decretada por el juez.

-¿A qué atribuye que el Frente Amplio haya decidido promover la anulación de laley de Caducidad después de los dos pronunciamientos a favor de la norma?

-Al Frente Amplio le ocurre lo mismo que le ha pasado a muchos partidos de lavieja izquierda latinoamericana. Cuando llegan al gobierno tienen que renegarde todo lo que han sostenido a lo largo de su existencia. La democracia liberalya no es una democracia burguesa; los derechos humanos ya no son libertadesformales, sino derecho humanos a defender; el Fondo Monetario Internacional yano es una entidad maligna a odiar sino alguien con el que hay que pactar; elequilibrio fiscal ya no es el resultado del consenso de Washington sino algonormal; y la economía de mercado no es la economía salvaje sino elprocedimiento normal de las economías que se han desarrollado. Y suma y sigue.Dentro de ese contexto, el que tiene que asumir todo un discurso distinto se refugia,se abroquela, en algunos temas de la política internacional, o en estasituación de reclamo envuelta en el rótulo de derechos humanos, cuando essimplemente una actitud revanchista en algunos o de frustración política enotros. Como han tenido que modificar toda su estructura de pensamiento, serefugian en estos escenarios parciales donde no está en juego el equilibrioeconómico y el equilibrio social.

-¿Qué efecto prácticos tendría la anulación o derogación de la ley deCaducidad?

-El efecto práctico sería nulo, porque esto generaría, cuando se muevan esosexpedientes, una acción de inconstitucionalidad, que no dudo será resueltafavorablemente por la Suprema Corte de Justicia.

-¿Y los efectos políticos?

-El efecto político es el de seguir manteniendo un tema laudado por laciudadanía y que se sigue anteponiendo a todos los que el país tiene pordelante. Seguimos anclados en el debate en un tema de hace cuarenta años,cuando el mundo corre a una enorme velocidad y nos está desafiando con la resoluciónde temas para los cuales no encontramos rumbo.

-Cuando el Presidente Mujica se reunió con la bancada de diputados del FrenteAmplio les advirtió de las consecuencias electorales que la anulación de la leyde Caducidad, desconociendo las dos consultas populares, podría tener para lacoalición de izquierda. Incluso les dijo que está en juego la continuidad en elgobierno. ¿Usted cree que el FA va a pagar un costo electoral por este tema?

-Eso lo veremos. Lo que no hay duda es que esto le está haciendo un enorme dañoal Frente Amplio como partido de gobierno, porque representa una negaciónrotunda de lo que ha sostenido toda su vida.

-¿Qué salida le ve usted a este asunto?

-La salida es simplemente no insistir en la ley (de anulación de la Caducidad) yseguir actuando como hasta ahora. No hay que inventar más nada. Hay querespetar algo que ya está decidido.

URUGUAY-LEY DE CADUCIDAD-(Proyecto frenteamplista)-Un real peligro-

Escrito por rigofa2011 01-05-2011 en General. Comentarios (0)

20.04.2011 | Internacional | Por: Julio María Sanguinetti
Un real peligro

Por Julio María Sanguinetti

INFORMADOR PÚBLICO
Montevideo, El País Digital.- El oficialismo frentista ha dado un paso que es una divisoria de aguas. Habrá un antes y un después. Desconocer abiertamente dos pronunciamientos del máximo órgano del sistema institucional uruguayo, el cuerpo electoral, no es un episodio político más de la polémica vida de la democracia.
En este caso, los legisladores del Frente Amplio se atreven a cruzar cun límite que ni la dictadura rebasó, cuando en 1980 el pueblo dijo NO a su propuesta constitucional y se allanó a reconocer que la situación de facto debía terminar.
El Senador Saravia calificó a esta presunta ley interpretativa como un “golpe de Estado técnico” y no está lejos de la verdad. La renuncia del Senador Eleuterio Fernández Huidobro, el compañero de guerrilla y prisión del Presidente Mujica, es la expresión viva del golpe moral que representa para un partido que hizo de la convocatoria popular su permanente instrumento de lucha política.
Ya poco importa que todo este desvío ocurra violando la plataforma electoral del gobierno, que comprometía el mantenimiento de la ley de Caducidad. Ahora la mayoría regimentada va mucho más allá, arrogándose un derecho que unánimemente la cátedra considera que no lo posee ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo, una vez que un órgano superior a ellos se ha pronunciado.
Para peor, a esta violación en la raíz, se le añade el atropello de todos los principios del Estado de Derecho.
Se establece como “interpretación obligatoria” una ley que anula los efectos de otra. O sea que no interpreta sino que la borra del ordenamiento jurídico.
Se dispone la nulidad de las normas, o sea, su inexistencia desde el origen, que no existe en nuestro sistema y ya fue expresamente rechazada por el cuerpo electoral en el plebiscito de 2009.
Se atropella el principio de irretroactividad de la ley penal, fundamental en los Estados democráticos. No otra cosa supone calificar de delitos de “lesa humanidad” a hechos ocurridos cuando no existía esa categoría legal.
Por supuesto, de la cosa juzgada nada queda, pues se reabren aquellos casos en que los expedientes se habían clausurado.
Se viola abiertamente la prescripción de los delitos, por un procedimiento de flagrante desviación de poder: específicamente no se cuenta para el plazo de prescripción el lapso transcurrido entre el 22 de diciembre de 1986 hasta ahora. La ley se introduce así en juicios concretos y establece que estos años de plena vigencia democrática han sido una especie de limbo jurídico en que ni los plazos corren.
La violación se trata de envolver bajo el manto de una supuesta obligación internacional. Y decimos supuesta porque nuestra Constitución no acepta ninguna supranacionalidad y en consecuencia aquello que se ha resuelto conforme a ella, de ninguna manera puede ser desconocido por un tribunal internacional.
Su sentencia, por otra parte, no le manda al Estado uruguayo anular o derogar la ley. Le manda que se investigue, cosa que se está haciendo y que jamás prohibió la ley de Caducidad, como machaconamente se repite con falsedad.
En otro orden, el fallo exhorta a indemnizar en dinero los daños causados por el Estado, aun cuando fuera bajo la dictadura.
Y esto ya lo viene haciendo desde hace años el Estado uruguayo, que lleva invertidos más de 6 millones de dólares en pagar indemnizaciones.
Uruguay amnistió a todos. Amnistió a los guerrilleros, aun aquellos que no estuvieron ni un día presos. Amnistió a los militares y policías, porque las amnistías son generales o no lo son.
Quien haya visto la emocionante película “Invictus” podrá medir cómo Mandela pacificó Sudáfrica luego de los ominosos años del apartheid, sin castigo para nadie y perdón para todos. Lo mismo España en su tiempo, que fue nuestra fuente de inspiración.
Parecía que ese espíritu había llegado a nuestro país, luego del referéndum de 1989, cuando la propia comisión proponente dijo que acataría.
Desgraciadamente, una minoría revanchista, a la que se ha sumado una burocracia que vive profesionalmente de sostener una doctrina tortuosa y antidemocrática de los derechos humanos, provocó un nuevo plebiscito, volvió a perder, pero ahora arrastra al Frente Amplio a este paso que es jurídica, política y moralmente insostenible.
Lejos de cerrarse un capítulo, se ha abierto otro, grave y penoso. Un laberinto de recursos de inconstitucionalidad, citaciones y conflictos de poderes se hará inevitable, manteniendo al país atado a un conflicto artificial que la paz del país desconoce.
Estamos afuera del límite del Estado de Derecho. Por eso no es aceptable que a todos los errores se sume ahora el del Presidente que relega el tema al Parlamento y al Frente Amplio, como si él no fuera co-legislador y además Jefe de Estado, responsable último del equilibrio institucional.
Hacía años que nuestra orgullosa democracia no vivía una situación tan peligrosa.
Es preciso advertirlo para que podamos eludir este mar de Sargazos al que se nos está llevando.

Economía y Mercado-El perro del hortelano-(Industria láctea, quieren ser monopolio?)-

Escrito por rigofa2011 29-03-2011 en General. Comentarios (0)
Economía y Mercado
El perro del hortelano
JULIO PREVE FOLLE

La semana pasada se recogió una noticia que ha trascendido poco pero que es grave. En una anterior sesión del Instituto Nacional de la Leche, la representación de la CILU (Cámara de Industrias Lácteas del Uruguay), planteó su discrepancia con la instalación de nuevas industrias en el país, a menos que lo hagan donde hoy no se produce leche, desarrollando nuevas cuencas. La prevención deriva de una anunciada inversión en nuestro país de dos importantes empresas, de modo inminente, una brasileña de vocación global -Bom Gosto- y posiblemente también una norteamericana que ya tiene algunos negocios por aquí.

MONOPOLIO. La mentalidad monopólica de la industria láctea no es nueva. Y no lo es porque dispuso del monopolio del abastecimiento de leche pasteurizada durante cincuenta años, hasta que la ley de lechería de su época, convirtió aquel monopolio de una empresa en un oligopolio distribuido entre algunas. Desde 1935 (Ley 9.526) hasta 1984 (Ley 15.640), Conaprole dispuso del monopolio del abasto interno. A partir de 1984 se abrió a algunas empresas más lo que se llamaba el mercado de la leche cuota, pero cerrando el paso a la instalación de nuevas empresas, al no permitírseles de hecho el acceso al mercado interno que pagaba mejores precios derivados de su fijación administrativa (art. 2 Ley 15.640). Este bloqueo al mejor negocio evitó la instalación de nuevas plantas, salvo comprando existentes, hasta hoy.

Hubo otros beneficios extraordinarios de que gozó la industria instalada, y también la producción. Por ejemplo: subsidio a la industrialización de manteca a través del fondo de peinado de la leche; subsidio a la industrialización a través de la fijación del precio cuota mientras existió; prohibición de exportación de leche desde los tambos hasta el año 2003, hoy liberada solo parcialmente; preferencia regional expresada en aranceles mayores a los de bienes de capital para la leche en polvo y otros productos de escaso valor agregado; máximos plazos en el régimen de adecuación Mercosur; cláusula especial de origen en el acuerdo Mercosur-Chile, para evitar la competencia de productos lácteos provenientes de ese país, elaborados con leche en polvo neocelandesa; sendos programas de caminería y electrificación rural en la cuenca lechera con financiamiento internacional; régimen de excepción en materia de arrendamientos rurales; régimen de excepción de aportes a Mevir; pago de deudas con cargo a la sociedad a través del primer Fondo de Financiamiento de la Lechería (conocido como FFAL); campos de recría, refinanciaciones. Y si nos vamos más lejos, el nacimiento de la primera empresa ocurre en las manos del Estado y por ley, razón por la cual hasta el gobierno del Dr. Batlle tenía en su directorio delegados oficiales y del BROU. El conjunto de beneficios mencionados recuerda hasta qué punto la sociedad ha colaborado en el desarrollo de nuestras cuencas lecheras, lo que con seguridad ha sido una buena inversión por sus resultados económicos y sociales.

LIBERTAD. Por tanto, las industrias lácteas no pueden considerar como objeto de su propiedad las cuencas desde las cuales reciben la leche. Y menos aún querer privar a los tamberos de los beneficios que podrían derivar de la competencia de nuevas empresas que quizás aporten el acceso a nuevos mercados, o de productos más elaborados. Digo quizás, porque lo que defiendo no es la aparición de una empresa mejor a las instaladas, sino el derecho de cualquiera a hacerlo. No se trata en efecto de defender un mejor negocio sino -mucho más importante- la libertad de intentarlo; este es el punto.


La desaparición del beneficio a la industria que suponía la fijación oficial del precio de la leche al productor ha desaparecido. En consecuencia, en la leche como la carne o cualquier producto transable, su precio interno debe arbitrar con el internacional, a tal punto que si el gobierno que mantiene la fijación del precio de la leche al público lo hiciera sin considerar este aspecto, simplemente desabastecería nuestro mercado, porque ninguna industria estaría interesada en atenderlo. Pero desaparecido aquel beneficio que se daba sólo a las instaladas, ahora no hay barreras para la entrada de nuevas empresas que deberán competir si quieren leche. Habrá que verificar por cierto si nuestra empresa mayor carga obligatoriamente todavía con algún peso de políticas sociales que no le corresponde, como ocurrió. Pero de no ser así, no hay razón alguna para privar no sólo a los productores sino también a la industria de los beneficios de la competencia. A un mercado concentrado, en el que dos empresas reciben más del 80% de la leche, una sola más del 60%, y sin exportación totalmente posible de la materia prima, la introducción de competencia debe ser bienvenida. La postura contraria de la CILU me recuerda la de un ministro de Ganadería de la administración anterior que quería impedir, quitando el beneficio a los productores, la llegada de empresas sojeras a la cuenca lechera. Y privándolos -mucho peor- de la libertad de decidir.

BIENVENIDA. Las cuencas lecheras no son propiedad de ninguna industria, ni del Estado cuando quiere resolver sobre ellas. Esta idea refleja una mentalidad monopólica, como bien dice el presidente de la Intergremial de Productores de Leche. Y afirmar que la brasileña que viene puede competir deslealmente porque accede a créditos blandos es una injusticia para con los productores que a lo mejor podrían disponer de ese beneficio, y además una demostración de mala memoria respecto de análogos beneficios de los que, seguramente con razón, ha dispuesto siempre la cadena láctea.

No imagino además una estrategia de promoción de inversiones si limitáramos éstas a las cuencas nuevas. Un frigorífico nuevo no debería instalarse a menos de 310 km del otro; una estación de servicio Petrobras a menos de una manzana de una de Ancap; un molino arrocero a menos de 50 km de otro ya existente de otra empresa; un quiosco o un puesto de verduras a menos de equis metros del ya existente; no funciona así una economía en serio. Y menos aun tratándose de un socio que pretende el Presidente -yo no- que nos lleve en el estribo, que nos peguemos a él, que de él dependamos. Agraviarlo así cuando es clave en nuestro comercio, también en lácteos, y en el proceso de radicación de inversiones, no parece una actitud razonable. No vaya a ocurrir que en lácteos Brasil nos aplique como sanción un concepto común en la pesca: acceso al mercado, sólo contra acceso al recurso.

Bienvenidas pues esas inversiones en la cuenca lechera o en cualquier lugar. Y confiemos una vez más en la libertad y responsabilidad de los productores para elegir qué hacer.

Fuente:EL PAÍS, de Montevideo.

URUGUAY-POLÍTICA-Hay que mandar parar-Situación nacional "extraña"

Escrito por rigofa2011 20-03-2011 en General. Comentarios (0)
EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Hay que mandar parar

Julio Maria Sanguinetti

Tiempos extraños los que vivimos. Diálogo político fluido, bonanza económica internacional como nunca antes, mayoría parlamentaria del oficialismo, oposición respetuosa, un Presidente que habla calmo y hasta reconoce logros de gobiernos anteriores. Cualquiera diría que el ciudada- no uruguayo puede sentirse cómodo, más allá de las naturales diferencias de opinión. Sin embargo, detrás de esa escena casi mirífica, nos encontramos con una sociedad atemorizada por el delito y una educación que se cae a pedazos.

La sumatoria de estos dos factores ha llevado a un real desasosiego. Los jóvenes fueron a los liceos y ya el primer día prácticamente no hubo clase. Cuando los números nos acorralan con la evidencia de que la mitad no termina secundaria y de que un tercio de la generación entre 14 y 24 años ni estudia ni trabaja (la nueva generación "ni-ni"), la única respuesta conocida es tirar un millón de dólares para repartir un subsidio a alumnos a los que sólo les basta ir a clase… En vez de premiar a los mejores, para alentar la superación por medio del esfuerzo inteligente, la respuesta es subsidiar a los peores para que no falten, aunque no estudien, que esto parece no importar.

Esta terrible antipedagogía se emparienta, también, con las famosas contribuciones en dinero que, en vez de tender a superar la pobreza, la enquistan para siempre. Ese necesitado que recurre a la ayuda del Estado, sigue siendo tan pobre como antes, continúa en su misma vivienda y no accede a mecanismos de aprendizaje técnico u oportunidades educativas que le permitan mirar hacia arriba. Seguirá tan pobre como antes y su hijo crecerá viendo a su padre sin trabajar, haciendo alguna changa para complementar el subsidio y con ello darse algún gusto. Eso sí, el gobierno puede mostrar, estadísticamente, que el ingreso de esa persona ha mejorado y "salió" de la pobreza. La realidad nos dice que, lejos de salir, se quedó para siempre, como un mendigo presupuestado.

Lo peor de estas dádivas, que van minando los valores de la sociedad, es que, aplicadas también en Brasil y Argentina, han rendido electoralmente. Esa gente dependiente pierde su libertad de conciencia.

Todo esto se acompaña con elementos que hacen a la sustancia de la democracia. La ley de caducidad se ratificó dos veces por el cuerpo electoral. No hay jurista que se atreva a decir que el gobierno o el parlamento tienen capacidad para modificar lo que resolvió el órgano máximo de la soberanía. Pero no se hace caso, porque contra los militares vale todo. Una jueza decide, por sí y ante sí, que no se aplica el principio jurídico sagrado de que siempre se presume la inocencia salvo que se pruebe lo contrario, de que nadie está obligado a probar o declarar en su contra. Y la superintendencia del órgano máximo de la Justicia no ha aparecido ni para pedir explicaciones.

La Constitución prohíbe desde siempre las "pesquisas secretas", propias de los Estados fascistas y comunistas, pero jerarcas de los órganos fiscales sostienen que esos mecanismos son necesarios y punto. Desde ya que con un militar o policía no hay prescripción de los delitos, ni hay irretroactividad de la ley ni aun cosa juzgada. En una palabra, lo que hizo la dictadura con los guerrilleros, ahora lo hace el Estado con los militares y policías; y así como antes, quien invocara el derecho, sería acusado de cómplice del terrorismo, quien hoy escriba lo que estoy escribiendo, será de inmediato apostrofado de cómplice de la dictadura. Aunque haya luchado sin pausa contra ello. Esto tampoco importa mucho, porque para eso se está reescribiendo la historia. En la puerta de la Universidad de la República, un gran cartel convoca sobre el tema "Niños y jóvenes desaparecidos en dictadura (1968-1985)", haciendo creer que en 1968 existía una dictadura, cuando había un gobierno electo, los poderes funcionaban y en 1971 se llegó a una elección en que hasta ganó el oficialismo y el Frente Amplio compareció por primera vez. El famoso libro de Primaria, el del retrato del Che Guevara, trabaja la misma idea y a las mentes infantiles les trata de legitimar la acción violenta de las organizaciones que quisieron destruir la democracia uruguaya bajo la inspiración cubana.

Hemos llegado al colmo de establecer por ley -la N° 18.026, de 2006-, violando el Tratado de Roma, que el terrorismo sólo lo puede ejercer el Estado, que no hay terrorismo privado. O sea que ETA, Bin Laden o las FARC, no son terroristas. En un grosero intento de justificar lo que en su tiempo ocurrió en el país y que generosamente la sociedad uruguaya perdonó, votando una amnistía que trata de ignorarse sistemáticamente.

Como una lenta marea, esta situación nos va arrastrando. Hasta la corrosiva inflación está en el horizonte. Y si no reaccionamos, el día en que el mundo exterior nos deje de alimentar con su rumboso comercio internacional, ese Valium que todo lo calma, ¿con qué sociedad nos encontraremos? Presidente: "hay que mandar parar".

El País Digital