CADUCIDAD-"Si se aprueba (el interpretativo), ya no nos gobernaríamos nosotros"

Escrito por rigofa2011 08-05-2011 en General. Comentarios (0)

"Si se aprueba, ya no nos gobernaríamos nosotros"

Juan A. Ramírez
El catedrático de Derecho Civil dijo que el proyecto interpretativo de la ley deCaducidad es inconstitucional porque introduce a la normativa uruguaya pactos ycorrientes internacionales como si tuvieran rango constitucional. Alertó que lainiciativa implicaría una "clara renuncia" a la soberanía ysentenció: "es un cheque en blanco a algo que no forma parte de nuestroordenamiento legal". Pablo Meléndrez
-Usted advirtió el miércoles en el Parlamento que la ley interpretativa que dejasin efecto la ley de Caducidad es inconstitucional porque impone normasinternacionales por encima de la Constitución. ¿Cómo llega a esa conclusión?
-El tema es de dónde salen las normas jurídicas. Y la Constitución dice queesparte de la soberanía establecer nuestras propias leyes, que básicamente son elpoder Constituyente, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El artículo 1° delproyecto -que para muchos especialistas no aportaría nada- incorpora con rangoconstitucional los tratados internacionales ratificados por Uruguay y además elius cogens, según una interpretación del artículo 72 de la constitución. En elprimer caso no sería tan problemático, porque los tratados requieren laratificación parlamentaria, cosa que no ocurre con el ius cogens.
- ¿Qué es el ius cogens?
-Son normas de derecho fundamental elaboradas por foros internacionales queadquieren un carácter obligatorio. En la última década se le ha llamado iuscogensa la elaboración doctrinaria en ámbitos internacionales donde se ha discutidosobre principios generales, como el derecho a no ser torturado. Son criteriosde elaboración permanente.
- ¿Y qué implicaría incorporar el ius cogens como normas de carácterconstitucional?
- Yo no conozco ningún país que haya incorporado el ius cogens a su derechopositivo interno. En los hechos, esto es una clara renuncia a la soberanía ,porque el artículo 4° de la Constitución dice que tenemos el derecho exclusivo deestablecer nuestras leyes. Es decir que si se aprueba este proyecto, ya nonosgobernaríamos nosotros sino que nos gobernarían desde afuera. Y como se tratade una interpretación, además de incluir el ius cogens relativo a los derechoshumanos y la vida, se podrían agregar criterios en cuanto al derecho laboral,ambiental, etcétera.
- ¿Cuál sería el efecto concreto de esta situación? -Por ejemplo, en relación aasuntos vinculados a la bioética -como el aborto , la reproducción asistida, lamanipulación genética, el trasplante de órganos-en vez de resolverlos lasociedad uruguaya según su pensamiento y moral, ya no seríamos nosotros los quepodríamos dictar nuestras propias leyes, sino que estaríamos a lo queestablezca el ius cogens al respecto.
- Usted sostiene que la interpretación que hace el proyecto de ley esinconstitucional. ¿Por qué?
-Sin dudas que si esto se transforma en ley debería ser declaradoinconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Eso porque el legislador nopuede delegar sus potestades, porque no se puede delegar lo que uno tienedelegado, y justamente el legislador usa poderes delegados. Y además está haciendouna usurpación de poder, porque está entregando el poder constituyente. Por unavía oblicua, diciendo que es una interpretación de la Constitución ,interpretan remitiendo. Desde el punto de vista lógico es absolutamente falazque sea una interpretación, ya que en última instancia remite a algo que no se sabequé es, porque nadie tiene claro qué va a decir el ius cogens en el futuro. Esun cheque en blanco a algo que no es parte de nuestro ordenamiento constitucionalni de nuestras fuentes de derecho.
- ¿Qué artículos de la Constitución se violarían si se aprueba el proyecto? -El4°, que habla de la soberanía; el 82 que define que el país adopta la formademocrática republicana de gobierno, y el 331, que establece las cuatro víaspara reformar la Constitución. A favor de la solución que propuso Risso
El abogado Juan Andrés Ramírez dijo que está a favor de la salida que planteó sucolega Martín Risso, y que implicaría que sin necesidad de dejar sin efecto laley de Caducidad, el Poder Ejecutivo dictara un acto administrativo mediante elcual anulara las resoluciones anteriores que declararon las denuncias amparadasdentro de la norma.
"Me he plegado a la tesis de la revocabilidad de los actos administrativos,cosa que sostiene la mayor parte de la doctrina y también el tribunal de loContencioso Administrativo. Pero hay otros autores -como Augusto Durán- quesostienen que en algún momento los actos administrativos quedan firmes y nopueden ser revocados ni modificados", expresó Ramírez a El País. Sinembargo, dijo que hay "temas adicionales" como la prescripción de losdelitos y el plazo que se debe tomar en cuenta para computarla. "¿Laprescripción desaparece porque el artículo 3° de esta ley interpretativa dice quehay delitos imprescriptibles o porque señala que no se computa el plazo que vadesde 1986 hasta la promulgación de la ley?", se preguntó Ramírez.
Por eso, a su juicio, la ley interpretativa "es inútil o innecesaria salvopara buscar la retroactividad de la ley penal para establecer la noprescripción de determinados delitos, porque el Código Penal prevé un plazo máximopara la prescripción de todos los delitos". Y en ese sentido, Ramírezseñaló que el Estatuto de Roma de la Corte Penal internacional, ratificado porUruguay en 2006, establece que "no se pueden aplicar sanciones penales asujetos que realizaron una conducta que no era delito cuando larealizaron".
En eso se han basado los jueces para declarar inaplicable, por ejemplo, eldelito de desaparición forzada o el homicidio político, establecidos por elestatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Perfil
Nombre: Juan Andrés Ramírez
Nació: Montevideo
Edad: 64 años
Otros datos: Ex senador y ex ministro
CATEDRÁTICO CIVILISTA
Recibido de abogado a los 26 años en 1972, Ramírez comenzó su carrera docente enla Facultad de Derecho de la Universidad de la República cuatro años más tarde.Actualmente es catedrático de Derecho Civil. Durante varios años fue directordel instituto de esa especialidad. También ha tenido una destacada actividadpolítica dentro del Partido Nacional, por el que resultó elegido senador en1989. En 1990 el entonces presidente Luis Alberto Lacalle lo nombró al frentedel Ministerio del Interior, cargo que ocupó hasta 1993.

 

Fuente: Diario EL PAÍS - Fecha:2011-05-07